En los últimos días ha corrido de manera cada vez más insistente en los corrillos políticos la versión sobre indispensables cambios en áreas estratégicamente neurálgicas del gabinete legal del presidente Enrique Peña Nieto.

Se espera que los presuntos cambios en cuestión sean finalmente el golpe de timón y el manotazo en el escritorio que urge dar al presidente Peña Nieto para reencauzar, ahora sí, la solución a la revuelta comunista de la CNTE.

Si políticamente percepción es realidad, hay la impresión generalizada entre los millones de habitantes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, que los responsables de resolver la revuelta magisterial han sido omisos hasta ahora.

O, lo peor, que por rentabilidad político-electoral al aspirar a la candidatura presidencial del PRI, se han dedicado a administrar el conflicto, además de ceder a todas las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hecha excepción, desde luego, de la abrogación de la Reforma Educativa, porque hacerlo es facultad exclusiva de la mayoría absoluta de los diputados y senadores del Congreso de la Unión al tratarse de reformas constitucionales por ellos avaladas.

Así, por ejemplo, tras su rotundo fracaso ante la CNTE, se menciona la inminente salida del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la llegada como relevo de Roberto Campa Cifrián hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

Se dice que Osorio, por su parte, Chong sustituiría a José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mientras que Meade ocuparía la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para millones de mexicanos afectados por las acciones terroristas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es imperativa la sustitución al frente de la dependencia responsable de la política interior del país.

Los más indignados con justa razón son los integrantes de las cámaras y organismos empresariales afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes revelan que las pérdidas ascienden a 7500 millones de pesos en los meses en paro de la CNTE.

A la demanda de amparo y protección de la justicia federal por la omisión del Gobierno de la República al permitir la reiterada violación de numerosos derechos humanos, se han sumado los padres de familia, quienes exigen respeto al derecho a la educación de sus hijos.

Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito han otorgado el beneficio constitucional del Juicio de Amparo a los padres de familia y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el gobierno del presidente Peña Nieto respete y haga respetar la Ley.

En este sentido, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el propio presidente Enrique Peña Nieto han coincidido en lanzar el ultimátum a la CNTE que, mientras no vuelvan a las aulas no habrá más diálogo en la mesa de negociación instalada en Gobernación.

Se habla, según los trascendidos del círculo rojo del poder que el todavía secretario de Hacienda, Luis de Videgaray Caso, sería arropado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para destaparle como candidato a la gobernación del Estado de México.

No hay que olvidar que en los mentideros políticos se considera que el nuevo presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, es discípulo de Luis Videgaray, quien le incorporó al equipo de campaña a la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Esta última circunstancia pareciera fortalecer la posibilidad que el controvertido secretario de Hacienda y Crédito Público al que le tocó bailar “con la más fea” por la caída del precio internacional del petróleo sea postulado candidato a gobernador del PRI por el Edomex.

Según la información que logramos establecer en fuentes dignas de todo crédito, en la Procuraduría General de la República (PGR), se espera el arribo de Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad (CNS).

Supuestamente, según la versión que circula, la ex titular de la PGR Arely Gómez González, Rosario Robles Berlanga aún secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quedarían por ahora fuera del gabinete.

Todo parece indicar que Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, se iría como Embajador de México al Estado Vaticano en sustitución del Mariano Palacios Alcocer, quien ya notificó su salida del Vaticano, o sea, hay continuidad diplomática en la vieja guardia del PRI.

Verdad o mentira. Lo cierto es que urge un golpe de timón y hasta un manotazo en l escritorio por parte del presidente Enrique Peña Nieto antes que se le deshaga todavía más el país en las manos, maldición del ex presidente Miguel de la Madrid hecha realidad.

Algunos columnistas políticos como Alberto Aguirre escribió en El Economista que continúan sin amainar, las versiones sobre un “cambio profundo” dentro del gabinete presidencial.

El consenso entre la comentocracia es que habrá relevo en la Secretaría de Energía y que pronto habrá un nuevo representante diplomático en El Vaticano, tras la notificación recibida en la Casa Pontificia, rubricada por el embajador saliente, Mariano Palacios Alcocer.

También, que Virgilio Andrade se reincorporará al equipo peñista, en una posición privilegiada. ¿Acaso será Fonatur? El exdirector de ese organismo, Héctor Gómez Barraza, se estrenó el pasado fin de semana como secretario de Operación Política del CEN del PRI... aunque no ha protestado a su cargo, ante el Consejo Político Nacional.

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